En el discurso que pronunció en la Convención Nacional Demócrata de 1996, el Presidente Bill Clinton pronunció una frase cuyas consecuencias futuras ni él ni nadie hubiera podido calcular en ese momento: “Esta noche yo propongo un nuevo recorte contributivo para los dueños de hogares que dice que cada familia trabajadora de clase media en este país, si vende su casa, no tendrá que pagar un impuesto sobre la ganancia de capital jamás, nunca jamás.”

       Se trató de una estrategia de campaña dirigida a contrarrestar las ofertas de grandes rebajas contributivas que su contrincante republicano, el senador Bob Dole, había hecho en un discurso pronunciado en Chicago en 5 de agosto de ese año, que incluían una reducción de base amplia en los impuestos de ganancias de capital.

       En vista de que el equipo de analistas económicos de Hill Clinton, dirigidos por Robert E. Rubin, no le gustaba la idea de convertir al Presidente, que había logrado con grandes esfuerzos reducir el déficit presupuestario del Gobierno Federal, en un imitador de las propuestas esencialmente descabelladas, fiscalmente irresponsables de Dole, optaron por apoyar la eliminación de las impuestos sobre ganancias de capital en la mayoría de las ventas de casas como una concesión mínima para garantizar la competitividad de la candidatura de Bill Clinton

       Las bases conceptuales de la propuesta parecían razonables. Para obtener una exención, el impuesto vigente obligaba a los dueños de casas a mantener un expediente de todas la renovaciones por muchos años, en vista de que el costo de las renovaciones podía se deducido de sus ganancias tributables. Aún renovaciones en casas previas a veces eran elegibles, en la medida en que las familias habían diferido el impuesto en el pasado al comprar una nueva casa tan valiosa como la casa vieja. La dificultad para mantener un expediente preciso de esas renovaciones, por existía una restricción a la capacidad de familias para beneficiarse de la exención. Por otro lado, las familias podía evitar el impuesto en bajo una exención de un sola vez, para ganancias de hasta $125,000, si eran mayores de 55 años.

       A la luz de estas restricciones, no es extraño que el impuesto generara muy pocos ingresos para el fisco federal y que fuera un blanco fácil en cualquier intento de eliminar legislación obsoleta, onerosa para el consumidor y poco productiva para el estado.

       Ahora bien, a medida que los economistas y los analistas de finanzas se adentran en la explicaciones de los orígenes y causas de la crisis crediticia que se inició a mediados de 2007, se agravó en el otoño de este año y en la actualidad se considera la peor crisis no sólo crediticia sino económica y financiera que ha afrontado Estados Unidos de la Gran Depresión, la Ley de Alivio Contributivo de 1997, que incluyó la provisión que anunció BIll Clinton en su discurso de 1996, se ha convertido en uno de los principales sospechosos del desastre.

       En términos específicos, dicha ley incluyó una cláusula que exime a la mayoría de las ventas de casas del pago de ganancias de capital. Los primeros $500,000 en ganancias provenientes de la venta de cualquier vivienda están exentos de impuestos para una pareja casada, siempre y cuando hayan vivido por al menos dos de los cinco años previos, mientras que para los solteros los primeros $250,000 son exentos.

       No debe extrañarle a nadie que el efecto de la ley fuera inflar el mercado de bienes raíces, al atraer cantidades masivas de dinero a un mercado que ofrecía grandes posibilidades de ganancias mayormente exentas de pagos al fisco federal.

       De por sí, el cambio en la ley no propició la burbuja en el mercado vivienda. Otros factores tal vez mucho más poderosos aportaron al proceso: el relajamiento de la políticas crediticias de los bancos, la falla del sistema reglamentario que no se percató a tiempo de la catástrofe en ciernes, una acentuad baja en las tasas de interés hipotecario y la expectativa dominante de que el alza en los precios de la viviendas seguiría por tiempo indefinido. No obstante, la ley tuvo un impacto acelerador, al permitir que la venta de casas y el proceso especulativo llevarán a sustanciales ganancias libres de tributación en un mercado fuera de control.

       En la medida que favoreció marcada y desproporcionalmente el mercado de bienes raíces, la nueva ley indujo a muchas familias a pensar que las viviendas eran no tanto un sitio para vivir sino una inversión sumamente lucrativa. En conjunción con otros subsidios que ya existían, particularmente la deducción contributiva por el pago de intereses hipotecarios, la ley le dio el motivo tanto a las familias como a los especuladores para comprar más bienes raíces, mientras que la laxitud de los requisitos prestatarios y la bajas tasas de interés le ofrecieron a los compradores la capacidad adquisitiva para hacer sus compras.

       Por pura lógica económica, los fondos se movieron hacia un mercado que ofrecía altos niveles de ganancia y mayores beneficios contributivos.